El proyecto de reforma laboral ha sido uno de los temas más polémicos de los últimos meses en el escenario político español. Una reforma que introduce importantes cambios respecto a la que en 2012 aprobó el gobierno de Mariano Rajoy. Cambios que afectan de manera especial a los contratos.
La negociación de la nueva reforma laboral está siendo más complicada de lo que ya se preveía. No solo por las reticencias de la oposición y de la patronal, sino también por posturas divergentes dentro del gobierno de coalición. PSOE y Unidas Podemos han estado enviando mensajes contradictorios, aunque hayan conseguido alcanzar una especie de punto de encuentro en las últimas semanas.
Medidas incluidas en la nueva reforma laboral
La reforma laboral de 2012 se aprobó en un escenario de crisis profunda iniciada en 2008. En aquel entonces, se abarató el despido y se dio más poder a las empresas para la negociación colectiva y establecer las condiciones de los contratos.
La actualización de esa reforma, derogación o contrarreforma, como también se la ha llegado a calificar, deberá estar pactada antes de que finalice el año. Es lo que exige la Unión Europea, con un condicionante esencial: reducir el elevado índice de temporalidad del mercado laboral español. Un índice que, según la última Encuesta de Población Activa publicada, afecta al 26 % de los contratos.
Para ello, la nueva reforma laboral plantea que solo puedan realizarse contratos temporales por causas organizativas o de producción. Esos contratos de duración determinada no podrían superar los seis meses o un año en circunstancias extraordinarias si son por razones productivas. Y podrían alargarse más allá de la reincorporación de la persona sustituida cuando sea por motivos organizativos.
El resto de los contratos, según la actualización de la reforma laboral planteada por el Gobierno, serían por tiempo indefinido. También pasaría a serlo aquel trabajador que durante más de 24 meses cubra un puesto de sustitución de otro y este no se haya reincorporado a la empresa.
Por otra parte, se incluyen medidas como que no pueda haber más de un 15% de contratos temporales ocupando puestos de trabajo estructurales o limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
Además de ello, la reforma laboral contempla la derogación del despido por absentismo y la de esa prioridad que se dio a las empresas para aplicar sus convenios por encima de los sectoriales. También plantea el fin de la temporalidad en el sector público.
Lo que la modificación de la reforma laboral no contempla son cambios en el abaratamiento de los despidos que introdujo la del año 2012. De momento, las indemnizaciones se mantendrán en 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades.
Encuentros y desencuentros
La propuesta de reforma laboral ha generado infinidad de titulares en los últimos meses. Alcanzar un acuerdo con todos los agentes sociales ya se preveía complicado, pero ha suscitado incluso una cierta polémica entre los socios de gobierno.
En el acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos se recogía la “derogación” de la reforma laboral de 2012. Desde Unidas Podemos se ha insistido en ello, aunque desde el PSOE se hablara de “modernización”. Desencuentros entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño que finalizaban al reconocer aquella que la derogación como tal no es viable, puesto que obligaría a modificar normas como el Estatuto de los Trabajadores.
En lo que respecta a los sindicatos, además de la derogación total de la reforma laboral de 2012, una de sus principales reivindicaciones ha sido que se mantengan los ERTE aprobados en pandemia, evitando así despidos. El proyecto de nueva reforma laboral plantea el establecimiento del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), con una duración máxima de un año.
Por su parte, la patronal ha sido especialmente dura con algunas cuestiones incluidas en la nueva reforma laboral. Más allá de los nuevos contratos, la CEOE ha manifestado su disconformidad con esa pérdida de poder en la negociación colectiva y los nuevos ERTE. Sin embargo, mantiene su voluntad de negociar.
Y también ha sido dura la reacción del principal partido de la oposición, el mismo que diseñó la reforma laboral de 2012. El Partido Popular insiste en el valor que esta tuvo en la reactivación económica de España y en la recuperación de los niveles de empleo en un escenario de crisis profunda.
Quedan unas semanas para que acabe el plazo dado por Bruselas para presentar la modificación de la reforma laboral y quedan flecos pendientes. Pero aún hay un pequeño margen de maniobra.
